CONSTRUCCIONES ILEGALES EN EL PARQUE DE LOS ALCORNOCALES

.

El fiscal alerta del aumento de construcciones ilegales en los parques naturales

Ángel Núñez, fiscal de Medio Ambiente, Patrimonio y Ordenación del Territorio de la Fiscalía de Cádiz, advierte en su informe de 2006 que las construcciones ilegales están aumentando en los espacios protegidos de la comarca, concretamente en el Parque Natural del Estrecho, y con menor incidencia, en el Parque Natural Los Alcornocales.
Este es uno de los aspectos que más destaca cuando se refiere a delitos ambientales, aunque también alude como un asunto de gravedad a los vertidos que se producen desde los buques en tránsito o fondeados en el Estrecho de Gibraltar. Núñez detalla en su informe que estos accidentes tienen unos resultados muy negativos para espacios naturales.
Además, pide a la Administración que aumente las medidas de vigilancia y control para evitar tales conductas, "pues una vez producidas, no resulta fácil determinar la autoría y se producen indeseables situaciones de impunidad", argumenta. En este ámbito cita casos como el vertido de fuel de un barco noruego en Getares; la contaminación del río Pícaro y vertidos realizados al mar registrados en San Roque y La Línea; o uno de gasóleo a través de la red de aguas pluviales hacia un arroyo en Los Alcornocales. Tampoco se olvida el informe de la investigación por un vertido atmosférico de dióxido de azufre.
En el apartado de delitos contra el patrimonio, el fiscal nombra las prospecciones arqueológicas del Odyssey Marine, por considerar que no se ajustan a lo establecido en la ley andaluza.
Siguiendo esta línea, Ángel Núñez señala como posibles delitos contra el patrimonio las diligencias previas abiertas por la demolición del cuartel Fuerte Santiago, en Algeciras; y al caso que se sigue por los daños ocasionados en un búnker en el cerro Santa Catalina, en Tarifa, por la destrucción de una escalera de acceso.
Pero si hay algún aspecto en el que hace especial hincapié el informe es en el relativo a la ordenación del territorio. Núñez asegura que la situación de la provincia, excepto Cádiz, es enormemente preocupante y se encuentra fuera de control. El fiscal explica que en 2006 se ha incrementado el número de investigaciones, tanto del Ministerio Fiscal, como judiciales, por "supuestos de prevaricación urbanística en los que aparecen implicados autoridades y funcionarios públicos". Como ejemplo de ello vuelve a citar el caso de Santa Catalina y las diligencias previas que se investigan en San Roque por prevaricación al permitir varias urbanizaciones en suelo no urbanizable.
Por otra parte, Núñez cree que la existencia de pocas sentencias que ordenen derribos de construcciones ilegales está creando cierta sensación de impunidad entre la población porque, además, el delito se conoce muy tarde.
Aunque la memoria hace referencia a varias sentencias de los juzgados algecireños, dictadas en 2006, que ordenaban la demolición de la obra ilegal, es Inmaculada Budiño, la fiscal algecireña, quien pone de manifiesto que esta postura aún no es generalizada entre los jueces.

Foto ; Chalet de La Bordalla.