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Primer derribo de un edificio levantado en suelo no urbanizable

Ayer en Madrid

Las edificaciones ilegales que se construyan en la Comunidad de Madrid caerán bajo la piqueta. En el día de ayer, se conoció que el Juzgado de Ejecuciones Penales de Madrid ha obligado al propietario de un inmueble, construido en un terreno no urbanizable de Pedrezuela, a demoler el edificio, según informó un portavoz de Ecologistas en Acción.
Esta asociación se personó como acusación particular en colaboración con la Asociación para la Defensa del Valle de Lozoya.
El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, había solicitado el derribo de la casa por infringir la normativa vigente en la actualidad. Se trata de la primera demolición por delito urbanístico que se produce en la Comunidad de Madrid en aplicación del Código Penal, y no por cuestión administrativa, según informó el abogado de Ecologistas en Acción, Juan Manuel López.
Una portavoz de Ecologistas destacó la importancia del fallo y la forma de ejecutar la sentencia. Igualmente resaltó que se puso como condición para la suspensión de la pena de seis meses de cárcel, que incluía la sentencia, la desaparición inmediata del edificio, algo que fue aceptado por el propietario. Fue el mismo dueño el que procedió al derribo, cuyos restos aún podían ser vistos ayer desde fuera de la finca Las Saleguillas, situada en Pedrezuela.
El propietario había construido una vivienda y varias naves para guardar animales y continuó, pese a la advertencia de los agentes forestales de que estaba cometiendo una ilegalidad, según informa Europa Press.
Según dijo una portavoz de Ecologistas en Acción, la demolición del edificio en suelo no urbanizable especialmente protegido fue supervisada, según la orden del Juzgado de Ejecuciones, por agentes forestales de la comarca 5 de la Comunidad de Madrid.
Los empleados del propietario de la finca tiraron los elementos de ladrillo y cemento, pero no los de hierro. Esto se retrasará hasta después del verano para evitar que se produzcan incendios por las chispas de las sierras o sopletes. El Juzgado obliga a que se termine con la demolición de los restantes elementos en el próximo invierno.
Fuentes de la Fiscalía destacaron que ésta es sólo una de las varias obras que tienen orden de derribo en la Comunidad de Madrid tras varias sentencias dictadas por los tribunales.
Desde Ecologistas en Acción insistieron en la importancia de la aplicación del artículo 319 del Código Penal que exige al infractor la demolición obligatoria. El letrado de esta asociación destacó que en numerosas ocasiones las sentencias no son cumplidas por los transgresores y la Comunidad de Madrid no las ejecuta, como sería su obligación «ya que dicen que no ese no es su cometido».
No es la primera vez que la Asociación en Defensa del Valle del Lozoya logra una orden de demolición por sentencia penal. Actualmente, según señalaron en Ecologistas en Acción, están pendientes aún otras cuatro demoliciones por sentencias condenatorias firmes.