RESPONSABILIDAD DE JUNTAS Y AYUNTAMIENTOS EN EL CASO MALAYA

EL AUTO DEL JUEZ TORRES

Todo demócrata debe felicitarse por el contenido ejemplar del ahora conocido auto de 28 de noviembre de 2006, acordado por el juez Miguel Ángel Torres –a quien por su capacidad de trabajo, valentía y coraje cívico, habría, al menos, que proponer como candidato al Doctorado honoris causa por la Universidad de Málaga–, en relación con la pretendida personación de la Junta de Andalucía en la causa penal que viene instruyendo contra los saqueadores del patrimonio urbanístico marbellí, conocida como el Caso Malaya. Es ejemplar porque, al negarle su extemporánea pretensión, “pone en su sitio” al ejecutivo andaluz: ¿ahora quieres intervenir –viene a espetarle– cuando no has “sabido, querido o podido” (sic) hacerlo durante tantos años, siendo así que eras el jurídicamente responsable de ello, “habida cuenta de la amplitud de sus competencias en materia de urbanismo”? Es también ejemplar porque, al reconvenir de ese modo al Gobierno andaluz, está actualizando públicamente la funcionalidad política última del principio liberal de división de poderes: evitar cualquier forma de corrupción y/o abuso del poder. Y es ejemplar, en suma, porque acaba atribuyéndole la jurídicamente relevante condición de copartícipe a título lucrativo en los delitos urbanísticos, “como beneficiario de los ingresos tributarios de todas las licencias ilegales concedidas hasta las detenciones en la presente causa”. Con tan grave afirmación, Torres llega al límite de lo que le es legal y procesalmente posible hacer por ahora. Ya que, al hilo de esa pretensión de la Junta, no puede dictar sin más los autos de procesamiento de los eventuales responsables de esa, digámoslo claramente, “indirecta complicidad” de la Junta de la Andalucía con los corruptos procesados en la causa que instruye. Pero sí que hay en ella una llamada a la Fiscalía Anticorrupción para que intervenga erga omnes en defensa del bien común, el interés público y el patrimonio urbanístico expoliado. Lo más sintomático del asunto ha sido la reacción del presidente Chaves, que se ha permitido despachar el asunto tachando de “subjetivos” los hechos denunciados por el juez Torres. Porque pone de relieve la forma en que se gestionan políticamente la verdad y la mentira en nuestras defectivas democracias mediáticas. Hacer desaparecer a Trotsky de la tribuna en la que Lenin proclamaba la revolución, como hizo Stalin mediante el oportuno “retoque” fotográfico, es una fórmula obsoleta. La democracia mediática ha inventado una mejor forma de bregar con los hechos desagradables: degradarlos a la más manejable condición de opiniones. Así, los hechos –la existencia o no de armas de destrucción masiva en Iraq, o los hechos denunciados en el auto del juez Torres–, se convierten en meras opiniones –las de quienes se manifiestan por la paz, o las de quienes hablan en la esfera pública de culpa o negligencia de la Junta–, que, como tales, valen tanto como las de sus adversarios, incluyendo a los gobiernos de Aznar o de Chaves. Y entonces indefectiblemente acabarán prevaleciendo las opiniones de quienes puedan hacerlas circular más o mejor por las terminales mediáticas de la comunicación política. Pero los hechos siguen estando ahí. Por ejemplo, el hecho de que en 1996, la Fiscalía Anticorrupción acusara a Rafael Salinas, hermano del ex-vicepresidente de la Junta, José Miguel Salinas, a su padre y a su cuñado, además de otros imputados entre los que figuraba el ex-consejero de Urbanismo, Jaime Montaner, de haber cometido sendos delitos de prevaricación y cohecho. O que la causa fuera incoada por la denuncia presentada por Jesús Gil ante la Fiscalía Anticorrupción, alegando que él había pagado ya a los imputados 85 millones, de los 220 que le habían pedido, para que la Junta accediera a aumentar la edificabilidad de un solar de su propiedad en Marbella. Y esgrimiendo como prueba las fotocopias de los cheques por ese importe librados a nombre de los encausados… Lo de menos es, habida cuenta del pésimo funcionamiento de nuestra Administración de Justicia, que tal asunto finalmente hubiera de archivarse por prescripción de los delitos. Lo que sí importa es que nadie en su sano juicio pueda entender que durante más de quince años Jesús Gil y sus corruptos secuaces políticos pudieran seguir esquilmando tranquila e impunemente el patrimonio urbanístico marbellí, y acumulando de ese modo fortunas multimillonarias a la vista de todo el mundo, incluyendo a la Junta de Andalucía, que es la Administración jurídicamente responsable de velar por el cumplimiento de la ley en todo el territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

Por su interés reproducimos esta Carta de Rafael Caparrós. Profesor de Ciencia Política, publicada hoy por Europa Sur.