Nuevo capitulo del caso Malaya

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http://sevilla.abc.es/20070521/andalucia-andalucia/roca-envia-junta-mensajeros_200705210312.html

siguiendo la link encontramos un artículo del diario ABC sobre el caso Malaya titulado :

Roca envía a la Junta mensajeros para cambiar su silencio por impunidad

El «cerebro» de la «Operación Malaya», Juan Antonio Roca, actualmente en la prisión de Albolote, ha enviado mensajeros a la Junta de Andalucía para cambiar la impunidad por su silencio, según han señalado fuentes de toda solvencia a ABC. El ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí, detenido por la Policía a finales de marzo del pasado año, hace ahora catorce meses, advierte que dará nombre de altos cargos y cifras si no se resuelve su situación.
Las mismas fuentes aseguran que se han producido en las últimas semanas varias reuniones en Marbella y Sevilla entre personas vinculadas con el mundo de la construcción y el gobierno autonómico. Las personas que han intervenido en las negociaciones por parte del ex asesor urbanístico han puesto encima de la mesa las relaciones de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella en el ámbito político durante los últimos quince años.
En este periodo, la Junta ha mirado para otro lado, según algunos de los imputados de la trama. El juez investiga sólo desde 2002 hasta 2006. La ex primer teniente alcalde del Ayuntamiento marbellí, Isabel García Marcos, reconoció haber denunciado a altos cargos de la Junta y a algunos de sus ex compañeros de partido por corrupción.
Otro implicado en la «Malaya», Rafael Calleja, ex concejal de Urbanismo, declaró ante el instructor del caso, Miguel Angel Torres, que se reunió con gente del entorno de presidente de la Junta, Manuel Chaves, y del consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrias, para negociar el PGOU. También reconoció que se reunió en una capital andaluza con el ex consejero de Economía, Jaime Montaner, para desbloquear el planeamiento de la ciudad. Montaner por su parte señaló que ha actuado siempre bajo el dictado de la ley no sólo en Marbella, sino en todas las localidades donde ha presentado sus proyectos, al tiempo que lamenta que cada vez que hay un «rifirrafe» entre un ayuntamiento andaluz y la Junta vinculen su nombre con la corrupción. Tras su salida del Gobierno andaluz, el ex consejero socialista montó un estudio de arquitectura, donde trabajan más de una docena de profesionales.
El sumario revela que algunos imputados se jactaban de sus «contactos» en la Junta y citaban en las conversaciones grabadas al candidato del PSOE a la Alcaldía de Marbella, Paulino Plata, dentro del «tinglado que hay organizado». El juez del caso Malaya recuerda en uno de sus autos que «después de todas las vicisitudes ocurridas en el Urbanismo en Marbella, de todos los procedimientos penales y civiles, la misma responsabilidad tienen los imputados como la Junta de Andalucía en la firma de un convenio (PGOU) firmado en 2004, de forma que la Junta sería a la vez responsable y perjudicada por el citado convenio». El magistrado considera que la Junta no resultó perjudicada en su relación con el Ayuntamiento, ya que «su posición se asemeja mas a la de tener un cierto grado de responsabilidad en la situación creada en Marbella, en atención a las amplias competencias y facultades que ostenta y que se dicen vulneradas».
Para Torres, la Junta no ha resultado perjudicada en este procedimiento, sino que en atención a sus amplias competencias, en particular en materia de urbanismo, su situación está más próxima al responsable civil e incluso con una posición que se aproxima conceptualmente al participe a titulo lucrativo como beneficiario de los ingresos tributarios de todas las licencias concedidas hasta las detenciones».
De hecho, la Junta cobró 630 millones de euros por el impuesto de transmisiones patrimoniales de viviendas ilegales de Marbella entre 1995 y 2006, según el parlamentario de IU, Antonio Romero, quien calcula que se efectuaron unas 30.000 transacciones por una media de 300.000 euros cada una, de lo que se tributa el siete por ciento.
Romero aseguró que el Gobierno andaluz impugnó 600 licencias e impidió que se construyeran mas de 10.000 viviendas en la ciudad, «pero eso fue en el último periodo, y acusó a la Junta de que «en una primera etapa no impugnó e hizo la vista gorda». En su opinión, el Ejecutivo andaluz puede ser responsable civil subsidiario porque se benefició de la situación.
Frente a estas acusaciones, el presidente andaluz ha negado que la administración autonómica se haya beneficiado de operaciones urbanísticas irregulares. Para Chaves, las apreciaciones del juez son «subjetivas», ya que la Junta no cobró ningún impuesto sobre una transmisión ilegal.
Sobre las advertencias de Juan Antonio Roca de desvelar nombres y cifras de altos cargos de la Junta, fuentes cercanas al gobierno andaluz señalaron que Chaves está «tranquilo», aunque en su entorno haya una cierta «preocupación». No obstante, invitaron al cerebro de la trama de corrupción a «tirar de la manta» si tiene pruebas de su denuncia.