miércoles, 26 de septiembre de 2007

PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES


Un parque sin gentes

por Agustín Coca Pérez, Doctor en Antropología Social

A los dieciocho años de la creación del Parque Natural Los Alcornocales (PNA) hay sectores sociales especialmente incómodos con esta figura de protección. El propio Plan de Desarrollo Sostenible del PNA, realizado en 2001, reflejaba el malestar existente entre colectivos ubicados fundamentalmente en ámbitos locales, que entendían las normativas derivadas de la creación del parque como una imposición.
Esto supondría un fracaso en cuanto a los objetivos pretendidos (conservación más desarrollo) por parte de la administración ya que “la política impulsada por la Administración quedaría vacía de contenido, al faltar el apoyo de la población afectada” (Ley 2/1989). ¿A qué se debe este malestar y quiénes lo padecen?Si atendemos a la propia definición del PN nos llama la atención el despropósito que se deriva de considerar estos espacios como “poco transformadas por la explotación u ocupación humana” (Ley 4/1989). Máxime cuando precisamente son territorios intensamente intervenidos -como las dehesas- los destinatarios de esta protección. Lo que deriva en la sacralización de lo “natural” desde su oposición a lo “cultural”, delimitando el papel deseable -mínimo- que tendrán los colectivos que modelaron y construyeron estos territorios. Unos sectores agrarios que se apartan, a pesar de ser portadores de un patrimonio y saber mantenedores de estos montes como hoy los conocemos.
Pero que se verán intensamente afectados por unas normativas que los amolda a los parámetros “conservacionistas”, dispuestos por la administración. Las reglamentaciones derivadas de la creación del PNA, no fueron el resultado del debate con las poblaciones locales, sino que se impusieron sin pasar los procesos de participación pertinentes.En la actualidad, en la Junta Rectora, principal órgano de representación, se privilegia la designación de los delegados de las esferas políticas, empresariales y sindicales de ámbito provincial o autonómico, teniendo una mínima presencia los representantes locales. A este desequilibrio territorial, se suma la ausencia de determinados colectivos y grupos de intereses locales, cuyos particularísimos problemas (arrieros, cabreros, pequeños propietarios, ceperos, etc.) se consideran, erróneamente, incluidos en las voces de las grandes asociaciones agrarias, empresariales o sindicales. Desde la puesta en marcha de la Políticas Agrarias Comunitarias, desde la aparición del PNA, cada vez hay menos ganaderos, menos rancheros y arrendatarios. Cada vez hay menos personas que se vinculan con las dehesas.
En Alcalá de los Gazules, pueblo emblemático del PNA, desde 1989 son más de un tercio los pequeños propietarios que han abandonado sus explotaciones, y más de 6000 las has. que dejaron de arrendarse para aprovechamiento ganadero. Los grandes propietarios son cada vez más grandes y los intereses cinegéticos arrinconan a los rancheros y arrendatarios que, poco a poco, claudican ante unas normativas que en nada les favorecen. Frente al cerco normativo que se impone a las pequeñas explotaciones, llama la atención la ausencia de otras prohibiciones- como la desaparición del destajo en las corchas- que sí afectan a la salud de los alcornoques y a los intereses de los grandes propietarios. Las pequeñas explotaciones se ven repercutidas no sólo por las normativas aplicables a los recursos ganaderos o forestales, sino también a otras actividades emergentes. Es el caso del turismo, vetado como camino diversificador ante la exigencia de tener 50 has. como mínimo para poner en funcionamiento cualquier alojamiento rural. En un contexto donde las pequeñas explotaciones tienen una presencia marcadamente testimonial, se estrangula esta posibilidad, entendiéndose las políticas de protección ambiental como favorecedoras de los intereses latifundistas. Desde alguna autoridad ambiental se llegó a afirmar que “la gran propiedad es lo ambientalmente deseable”. El desencanto, la frustración y el acoso es sentido por colectivos que como los rancheros, arrendatarios y ganaderos ven perjudicado sus intereses y sus legítimas formas de relacionarse con el entorno.
Las oportunidades que brinda el PNA para el desarrollo de un turismo sostenible quedan en manos de los grandes propietarios que, por otra parte, no están preocupados, hasta el momento, sino del desarrollo de las actividades cinegéticas. Trabajadores especialistas y arrieros han de someterse a condiciones de trabajos extenuantes, careciendo estos de las subvenciones que benefician otras cabañas. En definitiva, existe una sensación de abandono, entre estos sectores locales; de ser víctimas de una política conservacionista escasamente dialogante que impone preceptos sin consultar. Unos colectivos, que sí se consideran que tienen mucho que decir, mucho que opinar, sobre cómo y cual ha de ser el futuro del territorio donde han de vivir. Unos colectivos que hartos de sentirse tutelados quieren conjugar sus saberes con los de los ámbitos científicos y técnicos, para lograr la eficacia de los objetivos ambientales propuestos.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Ole! muy interesante. Tomo nota y seguro que lo releeré un par de veces. Gracias por esta opinión-reflexión, acertada o no. Hacen falta mentes pensantes que sientan, palpen el sentir de las gentes, su relacion con el entorno y se animen y atrevan a expresar su opinión y sus críticas. a ver si entre todos somos capaces de dar un poco de vidilla al parque, que para rajar en la taverna o arreglar el mundo en nuestro círculo de amigos todos nos apuntamos.
De nuevo, Gracias, Agustin!

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