ILEGALIDAS URBANISTICAS EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

La Fiscalía pide más sentencias de derribo de construcciones ilegales

El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz es contrario a los procesos de regularización de las viviendas por parte de los ayuntamientos ya que, afirma, de este modo se crea un “efecto llamada”.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz considera que la situación urbanística en el Campo de Gibraltar, al igual que en el resto de la provincia, está “fuera de control”. Su titular, Ángel Núñez, destaca las irregularidades en el frente litoral. Asimismo, alerta sobre las construcciones ilegales en los parques naturales de Los Alcornocales y El Estrecho, con especial hincapié en este último.

La Fiscalía ha conseguido que el criterio general de la Audiencia Provincial sea ya el de ordenar la demolición de las viviendas ilegales. Así, en este ejercicio se han dado ya más de una veintena de sentencias en este sentido, la mayor

ía de ellas en Chiclana y Puerto Real, aunque también hay casos en Sanlúcar o Algeciras.

No obstante, Núñez echa en falta más sentencias de demolición por parte de los jueces comarcales a través de los Juzgados de lo Penal de Algeciras. “Es el criterio general en la Audiencia de Cádiz, pero no tanto en la sección de Algeciras. Una situación que dificulta acabar con la sensación de impunidad por parte de los infractores”, recalca a este diario el fiscal de Medio Ambiente.

Una percepción que está recogida en la Memoria de 2006 y que pone de manifiesto la fiscal especializada en esta materia en el Campo de Gibraltar, Inmaculada Budiño. Núñez explica que si se imponen penas y los particulares no tienen antecedentes, las casas ilegales se quedan en pie. Un fallo que sale en definitiva rentable a los particulares, al no llevar implícita la demolición de la edificación.

El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz es contrario a los procesos de regularización de las viviendas por parte de los ayuntamientos ya que, afirma, de este modo se crea un “efecto llamada”. Unas iniciativas que planean la mayoría de los consistorios comarcales en aquellos casos que no atenten contra la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). “No se puede hablar de fraude de ley. Los ayuntamientos disponen de herramientas para legalizar las viviendas a través de la Ley Urbanística. Ante esto poco podemos hacer si lo ratifica la Junta. Sin embargo, considero que no es la solución, ya que otros particulares pueden construir cerca con la esperanza de que en un futuro se abra otro proceso”, apunta.