TIOJIMENO RECOMIENDA...REPORTAJE SOBRE INMIGRACION , HOY EN "EL PAIS"
A200.000 inmigrantes llegan cada año a España con contrato de trabajo
El Gobierno facilita la contratación de extranjeros para empleos que los españoles rechazan
Grandes empresas como VIPS o El Corte Inglés son 'importadoras' de mano de obra
La inmigración irregular es noticia casi diaria en los medios de comunicación españoles. Pero la inmigración regular, que pasa inadvertida, supone un pilar fundamental del crecimiento económico. El año pasado, los empresarios españoles contrataron en origen a 210.052 inmigrantes (una media de 575 al día y tantos como habitantes tiene la ciudad de Vitoria), que llegaron de sus países con contratos de trabajo ya firmados, para ocupar empleos que no quieren los españoles. Sólo en el primer semestre de 2007 se han solicitado otros 178.754, una cifra muy próxima a los 180.000 que el Gobierno había previsto para todo el año. VIPS, El Corte Inglés o la COAG son grandes importadores de mano de obra.
La mayoría de los 210.052 inmigrantes que llegaron el año pasado a España con un empleo eran rumanos (36%) -que, al igual que los búlgaros, desde el pasado 1 de enero pueden residir pero no trabajar en los demás países de la Unión Europea-, marroquíes (12%) o colombianos (7%), y habían sido contratados para trabajar en la agricultura (37%), especialmente en Huelva (29%). Casi todos llegaron con un permiso de residencia y de trabajo de un año. Y con voluntad de quedarse.
Los rumanos vuelven a encabezar la lista de los 178.754 extranjeros que los empresarios han solicitado contratar durante los seis primeros meses de este año: suponen el 21%, frente al 17% de marroquíes o el 9,5% de peruanos. La Inspección de Trabajo supervisa sus contratos.
La contratación de trabajadores en el extranjero no ha sido siempre tan abultada. Durante años, los empleadores debían demostrar documentalmente que no había en España posibles aspirantes al puesto de trabajo que pretendían cubrir. De modo que si un empresario barcelonés necesitaba un peluquero y había uno inscrito en las listas de paro de Cádiz, al otro extremo de la Península, era prácticamente imposible que obtuviese permiso para contratar a un extranjero, aunque el gaditano no tuviera la menor intención de trasladarse a Barcelona. Ese bloqueo administrativo se tradujo en un importante crecimiento de las contrataciones ilegales y, consecuentemente, de la economía sumergida.
El instrumento que rompió esa situación se llama Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, y fue introducido por los socialistas en el Reglamento que desarrolló la Ley de Extranjería en el verano de 2005, justo después del proceso de normalización que permitió regularizar a 600.000 extranjeros que trabajaban en España de manera ilegal.
Cada tres meses, el Servicio Nacional de Empleo (antiguo INEM) elabora en cada provincia, de acuerdo con los sindicatos y los empresarios, una lista de trabajos para los que existe demanda y que los españoles no pueden o no quieren desempeñar. De acuerdo con esa relación, en Almería hacen falta pastores; en Zaragoza, cerrajeros; en Las Palmas, cocineros de barco; en Barcelona, lavacoches; en Madrid, taxistas...
El Ministerio de Trabajo ofrece a los empresarios dos mecanismos para buscar en el extranjero a los trabajadores que no hallan en España. El primero es el denominado régimen general. A través del mismo, pueden contratar a personas concretas, con nombres y apellidos. El segundo mecanismo es el contingente, que permite solicitar cupos de trabajadores anónimos para sectores de actividad determinados.
La Administración proporciona a todos los extranjeros contratados a través del régimen general un permiso de residencia y trabajo de un año en una provincia y en un sector de actividad concretos. Durante ese tiempo no pueden trabajar en un sector o en una provincia distinta de los que especifica su contrato. Sin embargo, cuando el primer año expira, tienen la posibilidad de prorrogar sus permisos de estancia y de trabajo, para todo el ámbito nacional y en cualquier sector de actividad, siempre que consigan otro empleo legal. Fuentes de la Administración afirman que la mayoría lo logra y evita tener que volver a su país.
A través del contingente, los empresarios pueden hacer dos tipos de contratos: estables (de un año de duración, similares a los del régimen general) o temporales (de seis meses, la mayoría para trabajos agrícolas). En este último caso, los empleadores suelen desplazarse a los países de origen para seleccionar al personal.
Grandes empresas, como VIPS o El Corte Inglés, y cooperativas agrarias, a través de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), se nutren en ese mercado exterior, que la Administración fomenta como un instrumento poderoso para reducir la inmigración clandestina: cuanto menos empleo irregular haya, más se reducirán las expectativas de los sin papeles y la inmigración irregular disminuirá.
Ése es el razonamiento de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, quien recuerda, para entender el alcance de las cifras, que se trata de cientos de miles de ocupaciones que no encuentran demandantes en el mercado español. "De este modo", señala, "con su trabajo y con sus impuestos, los trabajadores extranjeros se convierten en contribuyentes activos al sostenimiento del Estado del bienestar y a la financiación de los servicios públicos".
La contratación de trabajadores en el extranjero no ha sido siempre tan abultada. Durante años, los empleadores debían demostrar documentalmente que no había en España posibles aspirantes al puesto de trabajo que pretendían cubrir. De modo que si un empresario barcelonés necesitaba un peluquero y había uno inscrito en las listas de paro de Cádiz, al otro extremo de la Península, era prácticamente imposible que obtuviese permiso para contratar a un extranjero, aunque el gaditano no tuviera la menor intención de trasladarse a Barcelona. Ese bloqueo administrativo se tradujo en un importante crecimiento de las contrataciones ilegales y, consecuentemente, de la economía sumergida.
El instrumento que rompió esa situación se llama Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, y fue introducido por los socialistas en el Reglamento que desarrolló la Ley de Extranjería en el verano de 2005, justo después del proceso de normalización que permitió regularizar a 600.000 extranjeros que trabajaban en España de manera ilegal.
Cada tres meses, el Servicio Nacional de Empleo (antiguo INEM) elabora en cada provincia, de acuerdo con los sindicatos y los empresarios, una lista de trabajos para los que existe demanda y que los españoles no pueden o no quieren desempeñar. De acuerdo con esa relación, en Almería hacen falta pastores; en Zaragoza, cerrajeros; en Las Palmas, cocineros de barco; en Barcelona, lavacoches; en Madrid, taxistas...
El Ministerio de Trabajo ofrece a los empresarios dos mecanismos para buscar en el extranjero a los trabajadores que no hallan en España. El primero es el denominado régimen general. A través del mismo, pueden contratar a personas concretas, con nombres y apellidos. El segundo mecanismo es el contingente, que permite solicitar cupos de trabajadores anónimos para sectores de actividad determinados.
La Administración proporciona a todos los extranjeros contratados a través del régimen general un permiso de residencia y trabajo de un año en una provincia y en un sector de actividad concretos. Durante ese tiempo no pueden trabajar en un sector o en una provincia distinta de los que especifica su contrato. Sin embargo, cuando el primer año expira, tienen la posibilidad de prorrogar sus permisos de estancia y de trabajo, para todo el ámbito nacional y en cualquier sector de actividad, siempre que consigan otro empleo legal. Fuentes de la Administración afirman que la mayoría lo logra y evita tener que volver a su país.
A través del contingente, los empresarios pueden hacer dos tipos de contratos: estables (de un año de duración, similares a los del régimen general) o temporales (de seis meses, la mayoría para trabajos agrícolas). En este último caso, los empleadores suelen desplazarse a los países de origen para seleccionar al personal.
Grandes empresas, como VIPS o El Corte Inglés, y cooperativas agrarias, a través de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), se nutren en ese mercado exterior, que la Administración fomenta como un instrumento poderoso para reducir la inmigración clandestina: cuanto menos empleo irregular haya, más se reducirán las expectativas de los sin papeles y la inmigración irregular disminuirá.
Ése es el razonamiento de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, quien recuerda, para entender el alcance de las cifras, que se trata de cientos de miles de ocupaciones que no encuentran demandantes en el mercado español. "De este modo", señala, "con su trabajo y con sus impuestos, los trabajadores extranjeros se convierten en contribuyentes activos al sostenimiento del Estado del bienestar y a la financiación de los servicios públicos".
leido hoy en EL PAIS.COM
1 comentario:
"cuanto menos empleo irregular haya, más se reducirán las expectativas de los sin papeles y la inmigración irregular disminuirá." esta es la tesis del Ministerio y su gran error.
El problema no se resolverá creando mucho empleo regularizado, porque con cada empleo regular pueden acudir 3, 4 ó quien sabe cuantos inmigrantes a buscarse la vida y mientras tanto mantenerse de ese empleo regular. Donde comen uno, pueden comer 2, 3... esa es su práctica, que se aleja bastante de las teorías del Ministerio, y por eso sus intentos de regularización han creado un problema mayor con el efecto llamada.
Crear una mina de empleo para extranjeros es una política del gobierno que da lugar a lo que tenemos.
En otros países sin embargo se emplean programas bien distintos. No es posible como aquí conseguir con un año de trabajo una prórroga para muchos más, y además pasar de una provincia y sector a cualquiera de ellos por toda España. Eso facilita mucho las cosas al inmigrante y, aunque algunos lo utilizan bien, muchos incluso trabajan "de boquilla", es decir, que los papeles de ese trabajo sólo sirven para justificar un expediente y conseguir quedarse más tiempo, luego ya se buscarán la vida.
En realidad no hacen más que lo que otros muchos españoles, viven de la economía sumergida. El problema es que si a un español le falla el negocio siempre puede acudir a servicios de asistencia (pésimos, pero algo es algo), solicitar subsidios, ayudas, etc, pero con un inmigrante, y más si es irregular... ¿qué ocurre?... la respuesta la tenemos a la orden del día.
El proceso de regularización "papeles para todos 2005" ha sido un fracaso estridente. El crear una bolsa de trabajo para inmigrantes creo que sólo es un foco hacia el que se dirigirán todos en busca de algo mejor, y luego Dios dirá. ¿Dónde está la solución?, eso ya es más difícil, pero se podría empezar por aplicar las normas que pretendemos utilizar.
Creo que en este país salimos de una dictadura ansiando tanto las libertades que, al cabo de unos años, podemos acabar empachados. No son pocos los que ahora se quejan de que unos u otros campan a sus anchas, sin que las autoridades muevan un dedo, ¿y por qué?, puede que porque no hay profesionales como debieran.
Si se permite (porque es evidente que se permite) la inmigración ilegal, grandes empresas con bolsas de trabajo a inmigrantes sin papeles, y todo esto amparado bajo un falso manto de solidaridad... luego echarles la culpa a quienes no se "comportan" porque no tienen para comer, a quienes este sistema les llama y luego les deja tirados, es un ejercicio de hipocresía como pocos. Lo que pasa que cuesta mirarse el ombligo y reconocer los fallos de la administración, y por eso resulta aún más difícil corregirlos.
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